El
consejo de Castilla evaluó la expulsión en
1619 y concluyó que no había tenido efectos económicos para el país. Esto es cierto para el reino de Castilla, ya que algunos estudiosos del fenómeno no han encontrado consecuencias económicas en los sectores donde la población morisca era más importante. De hecho, el quebranto demográfico no podía compararse, ni de lejos, al medio millón de víctimas de la gran
peste de 1598-1602, cinco veces más que el número de moriscos expulsados en dicho reino. Sin embargo, en el
reino de Valencia supuso un abandono de los campos y un vacío en ciertos sectores al no poder la población cristiana ocupar el gran espacio dejado por la numerosa población morisca. En efecto, se estima que en el momento de la expulsión un 33% de los habitantes del reino de Valencia eran moriscos, y algunas comarcas del norte de
Alicante perdieron a prácticamente toda su población.
La expulsión de un 4% de la población puede parecer de poca importancia, pero hay que considerar que la población morisca era una parte importante de la masa trabajadora, pues no constituían nobles, hidalgos, soldados ni sacerdotes. Por tanto, esto supuso una merma en la recaudación de impuestos, y para las zonas más afectadas (
Valencia y
Aragon) tuvo unos efectos despobladores que duró décadas y causó un vacío importante en el artesanado, producción de telas, comercio y trabajadores del campo. Muchos campesinos cristianos además veían cómo las tierras dejadas por la población morisca pasaban a manos de la nobleza, la cual pretendía que el campesinado las explotase a cambio de unos alquileres y condiciones abusivas para recuperar sus pérdidas a corto plazo.